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Feliz y sorprendido, uno apenas puede creer lo que ve. Cumpliendo lo pactado, sin disparar un tiro, y hasta con niños de brazos, las Farc ya están concentradas en las 26 zonas en donde entregarán sus armas y harán su tránsito a la vida civil. Pero hay que reconocerlo: ni dichas zonas estaban listas para recibirlos con las mínimas condiciones de dignidad humana – agua potable, vivienda y servicios higiénicos –, ni el sistema de salud encuentra la manera de atender las necesidades de salud física y mental que les dejó la guerra.

Esta situación ha planteado interrogantes sobre la capacidad del estado y la sociedad para cumplir lo pactado, y ha desnudado -una vez más- la incompetencia del actual sistema de salud. El tema se viene discutiendo en espacios académicos y sociales. Algunas de las ideas que presento a continuación han surgido en esos debates.

En los acuerdos ya firmados y ajustados, quedó claro que el Estado se comprometía a garantizar a los excombatientes acceso a salud, implementar un Plan Nacional de Salud Rural -PNSR-, y ofrecer atención y rehabilitación psicosocial a las víctimas. Pero hasta ahora la respuesta oficial ha sido escasa y errática. Se ha centrado en la afiliación de los excombatientes al régimen subsidiado de salud, cuyas limitaciones y exclusiones son ampliamente conocidas. Y ha propuesto instalar algunos puestos de salud y recurrir a brigadas y campañas ocasionales y focales, cuando las necesidades son permanentes y en todo el sector rural.

La situación, según los expertos, amerita la declaratoria de una emergencia humanitaria, que facilitaría emprender acciones inmediatas para garantizarles condiciones mínimas de vida, atención médica y programas preventivos, con recursos propios y extraordinarios, la experiencia y apoyo de la cooperación internacional, y coordinación y enfoque territoriales. Dicha emergencia humanitaria, necesaria e inaplazable, sería apenas un primer paso. Porque hay que tener una mirada más amplia del problema y buscar respuestas de fondo, a mediano y largo plazo.

Hay que aceptar, por ejemplo, que las Farc tienen una gran experiencia en atención médica y de urgencias, que es conveniente aprovechar. Pero que su propuesta de un nuevo régimen de excepción es improcedente y regresiva. Hay que entender que las zonas de concentración se asientan en regiones habitadas por campesinos/as con una larga historia de exclusión y necesidades insatisfechas. Recordar, además, que las víctimas, protagonistas del proceso, tienen también enormes necesidades en salud, calidad de vida y participación social. Y advertir que el PNSR no debe ser la reproducción rural del sistema de salud vigente, sino una apuesta inteligente y novedosa por transformar las condiciones de vida en el campo, asimilando lo mejor de los conocimientos y experiencias de las comunidades campesinas, preservando la naturaleza y haciendo asequibles para todos los avances de la ciencia y la tecnología en salud. Pensado así, el PNSR podría ser un paso firme hacia el nuevo sistema nacional de salud, requerido con urgencia para reemplazar el actual.

En un acto reciente de graduación de médicos, el ministro de salud habló de la complejidad científica, administrativa, filosófica y ética de la salud. Y planteó la importancia de la humanización y de ponernos en el lugar del otro, para que el otro se ponga en el nuestro. Me ha llamado la atención el contraste entre su ilustrado discurso sobre la complejidad, y el simplismo que está demostrando en el manejo de esta situación. Si tanto él como todo el gobierno aplicaran este discurso de la complejidad, la inclusión, la humanización y la ética, no sólo el actual problema de la salud de los excombatientes y las víctimas tendría una mejor respuesta, sino que estaríamos en el camino correcto para construir juntos el sistema de salud que necesitamos para vivir en paz. Pero del dicho al hecho sigue habiendo mucho trecho.

 

Saúl Franco,
Médico social.
Bogotá, 8 de febrero de 2017.
http://www.elespectador.com/opinion/la-salud-de-los-excombatientes-y-de-las-victimas-columna-678743